Escándalo internacional: una firma británica investigada por fraude diseñó la venta de la ciudadanía argentina desde la Casa Rosada

Escándalo internacional: una firma británica investigada por fraude diseñó la venta de la ciudadanía argentina desde la Casa Rosada

Una investigación periodística reveló que el programa de “pasaportes VIP” anunciado por el Gobierno de Javier Milei fue redactado con el asesoramiento de Henley & Partners, un controvertido bufete inglés con oscuros antecedentes en Europa y el Caribe. Del «faro de inversión» a la entrega de la soberanía institucional y los riesgos de lavado de dinero.

Un negocio de “pasaportes dorados” gestado en los despachos oficiales

Lo que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el diputado Diego Santilli presentaron desde París como una innovadora estrategia para atraer capitales extranjeros —bajo la promesa de convertir a la Argentina en un «faro de libertad e inversión»— terminó desencadenando una dura controversia política e internacional.

Según una investigación firmada por los periodistas Mauricio Caminos y Sebastián Lacunza en elDiarioAR, la trastienda del programa de “ciudadanía por inversión” fue moldeada durante 18 meses dentro de la propia Casa Rosada por la firma británica Henley & Partners, líder global en el mercado de “pasaportes dorados”.

El esquema comercializado por la consultora con sede en Londres fija un tarifario directo para acceder a la nacionalidad argentina y su pasaporte, que habilita el libre tránsito por 170 países:

• US$ 350.000 mediante una contribución no reembolsable al Tesoro Nacional.
• US$ 800.000 a través de la suscripción de títulos públicos.
• Tarifas adicionales por grupo familiar: US$ 100.000 extra por cónyuge y US$ 25.000 por cada hijo.

A cambio de estas sumas, el Estado argentino exime a los solicitantes del requisito legal previo de dos años de residencia continuada en el país, abriendo un canal exprés de naturalización.

La sombra de una firma cuestionada a nivel global

Henley & Partners no es un actor neutral en el escenario financiero internacional. Se trata del mayor operador mundial en la venta de residencias y nacionalidades, pero su historial está salpicado por severos cuestionamientos:

• Investigaciones por fraude e influencia opaca: La firma ha sido auditada e investigada en naciones del Caribe y en tribunales de la Unión Europea por sospechas de financiamiento político no declarado y maniobras de elusión.
• El antecedente de Malta: En la pequeña isla mediterránea, Henley & Partners generó más de US$ 55 millones en comisiones mediante la venta de pasaportes malteses, lo que derivó en encendidas advertencias de la Comisión Europea sobre el riesgo de convertir al país en una puerta de entrada al crimen organizado y al lavado de activos.

A pesar de estos antecedentes, representantes del bufete londinense celebraron públicamente en redes sociales que sus gestiones en Balcarce 50 «dieron frutos», adjuntando imágenes de reuniones oficiales mantenidas con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Interior, Lisandro Catalán, en momentos bisagra del proceso legislativo.

La responsabilidad del Gobierno Nacional: privatización del Estado y alertas de seguridad

El involucramiento directo de una entidad privada extranjera en la definición de las políticas de nacionalidad y fronteras coloca la responsabilidad política e institucional directamente en la cúpula del Poder Ejecutivo Nacional.

1. Cesión de soberanía y falta de transparencia

Permitir que una consultora británica participe activamente durante un año y medio en la redacción de normativas de Estado (DNU y reglamentaciones conexas) sienta un precedente crítico. La delegación informal de funciones inherentes a la soberanía nacional —como la concesión de la ciudadanía— en manos de un privado que cobra comisiones millonarias en dólares por cada pasaporte emitido evidencia una preocupante opacidad en los mecanismos de contratación del Estado.

2. Riesgos de vulneración en los controles de lavado de dinero

Aunque desde el Palacio de Hacienda sostienen formalmente que las inversiones ingresarían al sistema financiero bancarizado y que habrá evaluaciones previas, expertos en seguridad e inteligencia alertan sobre la debilidad institucional para fiscalizar el origen de fondos de magnates internacionales o perseguidos por la justicia de sus países de origen. Equiparar el régimen de nacionalidad argentina al de paraísos fiscales como Antigua y Barbuda o Nauru expone al país a sanciones internacionales y a la degradación de sus estándares de integridad financiera.

3. Contradicciones internas en la narrativa oficial

Mientras desde el Ministerio de Economía procuran despegarse del vínculo formal asegurando que “es una medida propia”, la evidencia fotográfica y las admisiones del propio estudio británico confirman la fluida agenda de trabajo desarrollada en la Casa Rosada. La disonancia entre catalogar a la Argentina como un “faro de inversión” mientras se habilita un canal de venta de nacionalidad a medida de un bufete internacional revela una severa grieta en la rendición de cuentas del Gabinete nacional.