Escándalo en Mar del Plata: La “caja negra” de las fotomultas bajo la lupa del Concejo Deliberante
A pocos meses de que venza el convenio de fotomultas en General Pueyrredón, el sistema ha dejado de ser una herramienta de seguridad vial para convertirse en el epicentro de una feroz disputa política. La oposición ha puesto la lupa sobre una distribución de ingresos que consideran “escandalosa”: de cada $100 que paga un vecino por una infracción, apenas $24 ingresan a las arcas municipales.
Un reparto que no cierra
El convenio, firmado en 2021 con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), establece un esquema de reparto que hoy parece insostenible frente al déficit fiscal que atraviesa el municipio.
La división de la torta:
- 56% para la Universidad Nacional de San Martín.
- 20% para la Provincia de Buenos Aires.
- 24% para el Municipio de General Pueyrredón.
Con una proyección de ingresos para 2026 de $1.400 millones para la comuna, los cálculos en el Concejo Deliberante indican que la Universidad podría embolsar cerca de $3.200 millones este mismo año. La pregunta que flota en el recinto es directa: ¿Qué servicio presta la universidad para justificar semejante transferencia de recursos?
¿Atajo administrativo o negocio tercerizado?
Uno de los puntos más críticos del debate es el mecanismo de contratación. Al firmar con una universidad pública, el Ejecutivo evitó el proceso de licitación abierta. Sin embargo, crecen las sospechas sobre quién opera realmente los radares.
- Subcontrataciones bajo sospecha: Aunque el convenio prohíbe delegar funciones en terceros sin permiso, la oposición insinúa que existen “operadores en la sombra” que manejan los equipos y el circuito de facturación.
- Falta de contraprestación: El acuerdo incluía campañas de educación vial y capacitaciones que, según denuncian, no se han ejecutado con el alcance previsto, transformando al sistema en una mera herramienta recaudatoria o “caza-bobos”.
El déficit municipal y el reloj de diciembre
La discusión adquiere una urgencia especial debido a la crítica situación financiera de la comuna, que arrastra un déficit estimado en $7.500 millones. En este contexto, permitir que el 76% de la recaudación de las multas se filtre fuera del municipio es visto como un lujo inaceptable.
El escenario que viene: Si el Ejecutivo no interviene antes de diciembre, el convenio podría renovarse de manera automática. No obstante, la presión opositora busca forzar un cambio de rumbo: anular el esquema actual y convocar a una licitación pública que permita mayor transparencia y, fundamentalmente, una mayor tajada para el erario local.
Con miles de millones de pesos en juego y el bolsillo del contribuyente en el centro de la escena, las fotomultas prometen ser el debate más incómodo del año para la gestión local.
