EL HORROR A PLENA LUZ DEL DÍA: EL ESTADO QUE NO VIO A LOS NUEVE HERMANOS ESCLAVIZADOS Y TORTURADOS EN SANTIAGO DEL ESTERO

Hizo falta que dos ONG alzaran la voz para que el sistema judicial descubriera lo que los vecinos ya sabían: a 90 kilómetros de la capital provincial, una familia sometía a sus propios hijos a un régimen de hambre, abusos sexuales y prostitución. El fracaso de las redes de contención y la complicidad del silencio.

En Santiago del Estero, el espanto no necesita sótanos oscuros; sobrevive y prospera a la vera de la ruta, a la vista de quienes prefieren no mirar. El reciente rescate de nueve hermanos en el paraje El Cruce, Departamento Figueroa, no es un triunfo de la prevención estatal, sino la brutal confirmación de su ausencia. Tuvieron que intervenir organizaciones civiles de afuera para que la Justicia provincial y la Policía finalmente patearan la puerta de un infierno doméstico que funcionaba a escasos 90 kilómetros del poder central.

El paisaje que encontraron los agentes bajo las órdenes del juez Sergio Guillet y las fiscales Yésica Lucas y Vanina Aguilera no admite eufemismos. Nueve de trece hermanos vivían bajo un régimen de terror administrado por sus propios padres y un cuñado, hoy los únicos tres detenidos. El catálogo de atrocidades es estremecedor: un joven con discapacidad atado a una cama; menores desnutridos pesando apenas 30 kilos; abusos sexuales con acceso carnal agravados por el vínculo; torturas físicas documentadas con celulares como entretenimiento y un silencio forzado bajo amenaza de cuchillos y palos.

Lo más macabro de la escena no es solo la miseria material, sino la crueldad calculada. En la vivienda, una habitación permanecía cerrada con candado guardando colchones sin estrenar, mientras las víctimas —entre ellos tres jóvenes y una adolescente con graves discapacidades motrices y mentales— dormían sobre las tablas o los elásticos de camas vacías.

Los clientes del espanto y las alarmas apagadas

El relato policial expone que no se trataba solo de un encierro sádico, sino de una red de trata intrafamiliar. Las niñas y los hijos con discapacidad eran sistemáticamente ofrecidos a vecinos y familiares (incluso un tío) a cambio de dinero o, en el peor de los casos, de botellas de vino. El sometimiento era total: a uno de los jóvenes con discapacidad severa, que no habla ni ve, lo obligaban a practicarle sexo oral a los “clientes” de la casa.

En este ecosistema del horror hay ganadores transitorios y perdedores absolutos. Perdieron los nueve hermanos, cuyas infancias y estabilidades fueron masacradas. Ganaron, hasta el momento del allanamiento, los padres tiranos que lucraron con sus hijos. Y sobre todo, gozan de una impunidad provisoria los “clientes” del barrio y la familia extendida que pagaron por las violaciones y que, al menos hasta que la Justicia ordene los ADN correspondientes, caminan libres amparados en el cinismo del “no te metás”.

Pero el trasfondo político e institucional de este caso plantea preguntas que incomodan y que la dirigencia no suele responder en los partes de prensa. ¿Cómo es posible que varios niños dejen de asistir a la escuela sin que el Ministerio de Educación provincial encienda una alerta? ¿Dónde estaban los agentes sanitarios y asistentes sociales de la región ante menores de 30 kilos y jóvenes con discapacidades extremas y no tratadas?

Hizo falta que en abril la Asociación Civil Caring For Children y la Asociación Madres Víctimas de Trata radicaran la denuncia para que el aparato estatal reaccionara. El “secreto a voces” del que hablaban los vecinos demuestra que el tejido social en las zonas más vulnerables está roto, pero también evidencia que las instituciones provinciales —como la Dirección de la Niñez (Dinaf)— actúan de forma reactiva, llegando a recoger los pedazos de vidas ya destrozadas en lugar de prevenir su destrucción.

Hoy, la maquinaria judicial y médica está en marcha. Hay psicólogos, ginecólogos y psiquiatras asistiendo a las víctimas. Es el protocolo obligado cuando el escándalo ya estalló. Sin embargo, la verdadera tragedia estructural que San Luis, Santiago del Estero y buena parte del país se niegan a mirar de frente es cuántos otros “parajes” siguen funcionando bajo la ley del silencio, en esa zona gris donde el abandono del Estado se convierte en el mejor socio de la tortura.