Plaguicidas y persecución: la científica del INTA a la que quieren silenciar

Virginia Aparicio, científica del Conicet e INTA Balcarce, enfrenta la amenaza de ser desplazada de la administración pública tras años de investigar el impacto de los agroquímicos en el ambiente y la salud humana. Detrás de las acusaciones administrativas de “perjuicio económico”, se esconde el intento de silenciar los resultados del proyecto internacional SPRINT y sentar un precedente de autocensura en el sistema científico nacional.

Desde hace décadas, la Dra. Virginia Aparicio —investigadora del Conicet con sede en el INTA Balcarce— se dedica a responder una pregunta incómoda para el modelo productivo tradicional: ¿hacia dónde van y qué efectos producen los plaguicidas una vez aplicados en el campo? En la ficha oficial del Consejo, su línea de trabajo se define bajo el título “Transporte vertical de plaguicidas en sistemas intensificados de producción de granos”. En términos concretos, significa rastrear la presencia de agroquímicos en el suelo, el agua, el aire, la fauna y el propio cuerpo humano.

Hoy, la científica enfrenta el embate más severo de su carrera: la intención oficial de exonerarla de la función pública, la sanción más grave de la administración estatal, que implicaría su expulsión e inhabilitación.

“Me lo comunicaron de manera extraoficial. Con mi abogado agotaremos la vía administrativa para que se abra la puerta de la vía judicial”, confirma Aparicio a este diario. “Toda la vida hubo tensión en torno a los temas que investigo. Lo que quieren es generar miedo para que el resto de los investigadores se autocensuren; quieren que se dejen de investigar los temas verdaderamente importantes, los temas sensibles. En definitiva, buscan quitarme mi identidad científica”.

Del orgullo institucional a la prohibición

El origen del conflicto actual se remonta al proyecto SPRINT (Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global), una iniciativa internacional gestada en 2018 que comenzó formalmente en septiembre de 2020. Financiado por la Unión Europea con un presupuesto global de 14 millones de euros, el consorcio reunió a institutos de investigación de 10 países europeos junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el INTA como representante de Sudamérica.

En aquel momento, tras años de desfinanciamiento del sector científico, la incorporación del INTA al proyecto significó un hito. El organismo celebró públicamente la firma del acuerdo y difundió ampliamente el inicio de las investigaciones, que permitían auditar la presencia y el comportamiento de más de 200 plaguicidas con equipamiento e insumos de primer nivel.

Sin embargo, a medida que los datos de laboratorio comenzaron a consolidarse, el entusiasmo institucional se transformó en incomodidad política.

Cronología de una censura anunciada

La investigación de Aparicio y su equipo arrojó evidencias contundentes: se documentó la presencia simultánea de mezclas de decenas de plaguicidas en muestras ambientales (suelo y agua) y biológicas (materia fecal, orina y sangre de animales y seres humanos). Los resultados permitieron trazar de manera científica “la ruta del plaguicida”, demostrando que las personas y los ecosistemas no están expuestos a una sola molécula aislada, sino a combinaciones complejas de químicos cuyos efectos acumulativos y crónicos aún no están completamente dimensionados.

Asimismo, los análisis comparativos confirmaron que las poblaciones expuestas a modelos de agricultura convencional presentaban concentraciones significativamente mayores de estos compuestos en el organismo que aquellas asociadas a sistemas agroecológicos.

Los problemas para la científica comenzaron formalmente en 2023:

1. Bloqueo de difusión (2023): Cuando el protocolo del proyecto preveía realizar encuentros devolutivos con los productores locales para discutir los hallazgos y evaluar estrategias de mitigación, las autoridades del INTA le prohibieron expresamente llevar a cabo las reuniones.
2. Abandono forzado del consorcio (2024): Con el cambio de gestión gubernamental, las nuevas autoridades del INTA ordenaron la salida unilateral de Argentina del proyecto SPRINT y la devolución de los fondos europeos no ejecutados.
3. Apertura de sumario y amenaza de exoneración: A la salida del proyecto le siguió una investigación sumarial bajo reserva. Extraoficialmente, las autoridades argumentan un supuesto “perjuicio económico al Estado”.

“Las imputaciones forman parte del secreto de sumario. No hay nada en claro que justifique el hecho de apartarme de la administración pública”, aclara la investigadora. “Pude saber que las autoridades del INTA creen que, de alguna manera, perjudiqué económicamente al Estado nacional. Tengo las pruebas de que eso no ocurrió. La plata del proyecto ingresó a una cuenta institucional del INTA y se siguieron todas las reglas administrativas. Tuvo una auditoría favorable en Argentina y luego se rindió en Europa passing con el mismo resultado. Además, cuando el gobierno actual decidió que nos teníamos que bajar del proyecto, se devolvió la parte de los fondos no utilizada. No hubo ningún daño patrimonial”.

Repudio de la comunidad científica

La amenaza de exoneración de una científica de carrera ha encendido las alarmas en la comunidad académica nacional e internacional. Diversas organizaciones socioambientales, gremiales y colectivos académicos han puesto en marcha una campaña de recolección de firmas en rechazo a la medida.

En la carta pública que circula en redes y despachos institucionales, se destaca:

“Las organizaciones, instituciones y personas abajo firmantes expresamos nuestro acompañamiento a la Dra. Virginia Carolina Aparicio, investigadora del INTA e Investigadora Independiente del Conicet en Balcarce, y nuestra preocupación ante la decisión de avanzar con su exoneración de la Administración Pública Nacional. (…) Defendemos una ciencia pública en la que sea posible investigar, producir conocimiento y comunicar sus resultados con libertad, responsabilidad y transparencia. Por ello, solicitamos a las autoridades del INTA que no hagan efectiva la exoneración y que garanticen plenamente su derecho de defensa y el debido proceso”.

Los indicadores de la base de datos científica Scopus respaldan el rigor de su trayectoria: más de 3.100 citas por parte de pares académicos internacionales y cerca de un centenar de publicaciones arbitradas demuestran que el cuestionamiento hacia Aparicio no es de carácter profesional ni idóneo, sino político.

En un contexto donde las políticas públicas de desarrollo científico se encuentran bajo permanente revisión y recorte presupuestario, el caso de la investigadora de Balcarce sienta un preocupante precedente sobre los límites de la libertad de investigación en temas estratégicos de salud colectiva y medio ambiente.