MALVINAS: PRESENTAN UNA ACCIÓN JUDICIAL HISTÓRICA PARA FRENAR EL PROYECTO PETROLERO “SEA LION” EN EL ATLÁNTICO SUR

LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS AMBIENTALISTAS Y EL CECIM LA PLATA RECURRIERON A LA JUSTICIA FEDERAL DE RÍO GRANDE: ADVIRTEN POR UN DAÑO AMBIENTAL INMINENTE Y UNA VIOLACIÓN DIRECTA A LA SOBERANÍA NACIONAL.

Un nuevo foco de conflicto legal y geopolítico volvió a encender las alarmas sobre los recursos naturales del Mar Argentino. La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentaron una acción preventiva de daño ambiental colectivo ante el Juzgado Federal de Río Grande para detener de forma inmediata el megaproyecto petrolero Sea Lion (León Marino), impulsado por las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.

La presentación judicial exige la suspensión de toda obra, actividad preparatoria y movimiento financiero en la Cuenca Malvinas Norte, ubicada a 220 kilómetros al norte del archipiélago, alertando sobre las consecuencias irreversibles de una explotación de hidrocarburos no autorizada por la República Argentina.

MAGNITUD DEL PROYECTO Y EMPRESAS DECLARADAS CLANDESTINAS

El emprendimiento Sea Lion proyecta una explotación a gran escala que busca extraer hasta 120.000 barriles diarios de petróleo durante más de tres décadas, previendo la perforación inicial de 23 pozos submarinos en los bloques PL032 y PL004b.

El planteo judicial hace hincapié en el perfil de las operadoras involucradas, ambas inhabilitadas por el Estado argentino:

• Rockhopper Exploration: Firma de origen británico que posee el 35% del proyecto. Fue declarada clandestina e inhabilitada por 20 años en 2012 por realizar actividades hidrocarburíferas ilegales.
• Navitas Petroleum: Empresa de origen israelí que controla el 65% restante mediante una filial constituida en el Reino Unido. Fue declarada clandestina por la Cancillería argentina en 2022 e inhabilitada por el mismo período.

A pesar de las sanciones argentinas y del rechazo formal manifestado por la Cancillería en diciembre de 2025, las compañías avanzaron durante 2026 con infraestructura terrestre y portuaria, planificando perforaciones para 2027 y la primera extracción para el primer semestre de 2028.

SIN EVALUACIÓN AMBIENTAL NACIONAL Y EN VIOLACIÓN A LA ONU

Uno de los ejes centrales de la demanda radica en la total ausencia de controles y autorizaciones por parte de las autoridades ambientales e hidrocarburíferas argentinas. Tras pedidos de acceso a la información pública cursados en enero de 2026 ante la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía, los demandantes confirmaron que las empresas jamás presentaron un Estudio de Impacto Ambiental ante el Estado nacional.

Asimismo, las organizaciones fundamentaron que las licencias unilaterales otorgadas por la administración británica violan abiertamente la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual insta a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en el territorio mientras subsista la disputa de soberanía.

AMBICIOSA ESTRATEGIA JUDICIAL Y FINANCIERA

Los representantes legales y referentes de la demanda fundamentaron la urgencia de la medida cautelar para evitar un hecho consumado en el Atlántico Sur:

«Buscamos entorpecer el financiamiento internacional y declarar la ilegalidad por no tener las autorizaciones ambientales de Argentina. La idea es más adelante incluso poder conseguir embargos internacionales», advirtió Enrique Viale, presidente de la AAdeAA.

Por su parte, Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM La Plata, remarcó que el petróleo de la cuenca «es petróleo de los argentinos» y sostuvo que el proyecto constituye un «daño a la soberanía como bien jurídico tutelado». En sintonía, el exsecretario de Malvinas, Guillermo Carmona, advirtió que la concreción de las extracciones en 2028 representaría un «punto de inflexión» capaz de consolidar militar y económicamente la presencia colonial británica en las islas.

La acción judicial interpuesta en Tierra del Fuego busca sentar un precedente internacional que bloquee a fondos de inversión y aseguradoras, frenando la infraestructura en las islas antes de que las plataformas comiencen la perforación del lecho marino.

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