“Palestina enfrenta un brutal proceso de limpieza étnica”: la contundente denuncia de Rafael Araya Masri

El presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe (COPLAC) advirtió sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en Gaza, el avance de los colonos en Cisjordania y las sanciones internacionales contra el gobierno israelí.

En una extensa entrevista publicada por el periódico Diario Contexto, el dirigente Rafael Araya Masri —presidente de la COPLAC y miembro del Consejo Central de la OLP y del Consejo Nacional Palestino— trazó un sombrío diagnóstico sobre la escalada de violencia en Oriente Medio. El análisis enfatiza la sistemática destrucción de infraestructuras básicas y la consolidación de un esquema que definió como “limpieza étnica” en los territorios ocupados.

La catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza

Araya Masri denunció que, aun bajo un contexto formal de alto el fuego, las acciones militares israelíes han continuado generando víctimas civiles. Según datos recabados de organismos internacionales y agencias de la ONU, el impacto del conflicto sobre la infraestructura edilicia y social resulta devastador:

• Destrucción de viviendas e infraestructura: Cerca del 92% de las viviendas en Gaza han sufrido daños severos o destrucción total, sumado a la inutilización del 84% de las redes críticas de agua, electricidad y saneamiento.
• Bloqueo a la ayuda humanitaria: El dirigente precisó que actualmente se permite el ingreso de apenas 30 a 55 camiones diarios con insumos básicos, una cifra marcadamente insuficiente frente a los 400 camiones indispensables para abastecer a la población golpeada por la escasez de alimentos y medicinas.
• Contaminación ambiental: La destrucción deliberada de las plantas de depuración de aguas servidas e instalaciones de contención cloacal ha provocado el vertido de efluentes al mar, dañando de forma crítica el recurso pesquero local.

Cisjordania: avance colono y régimen jurídico diferenciado

En relación con la situación en Cisjordania, el titular de la COPLAC advirtió que la política de expansión ilegal combina la acción del ejército con bandas paramilitares de colonos armados. La estrategia busca desplazar a los agricultores palestinos, destruir cultivos tradicionales de olivos y declarar las tierras como “zonas militares cerradas” para impedir el retorno de sus legítimos propietarios.

Araya Masri repudió además las recientes declaraciones y proyectos impulsados por el ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben-Gvir, orientados a institucionalizar penas diferenciadas en la Knesset.

«Ben-Gvir es la expresión del proyecto sionista original: ocupar la totalidad de la tierra histórica y aplicar medidas coercitivas para forzar el abandono de la población originaria. Aplicar un régimen penal distinto según la condición de judío o palestino reafirma legalmente la existencia de un modelo de apartheid».

Sanciones europeas y objeción de conciencia interna

El análisis destaca como un dato relevante el cambio en la postura de varios países europeos que han comenzado a aplicar sanciones económicas y comerciales prohibiendo la importación de productos elaborados en las colonias ilegales de Cisjordania —lista en la que figuran el Reino Unido, Francia, España, Irlanda y Noruega, entre otros—, además de medidas diplomáticas como el cierre del Consulado británico en Jerusalén.

Finalmente, Araya Masri puso en valor las disidencias que emergen dentro de la propia sociedad israelí, mencionando la multiplicación de objetores de conciencia que se niegan a prestar servicio en las fuerzas armadas y el trabajo de organizaciones de derechos humanos como B’Tselem, Breaking the Silence y Médicos por los Derechos Humanos. Estos sectores, concluyó, representan una reserva moral clave para desconstruir el discurso oficial y proyectar un futuro basado en la paz y la convivencia justa en la región.