El club de los dueños del agua: Filiberti, el “Rey del Cloro”, se queda con AySA en un negocio redondo de US$ 340 millones

Con la venia del Ministerio de Economía, el consorcio liderado por Walter Román y Mauricio Filiberti —socio de Manzano y Vila en Edenor— se adjudicó la concesión hasta 2056 en una licitación “sin precio mínimo”. Un entramado donde el principal proveedor de insumos químicos y el mayor distribuidor eléctrico del AMBA pasaron a ser los nuevos dueños de su mejor cliente.

El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) concluyó con un remate a medida para un grupo de empresarios vinculados al poder energético e insumos del país. La apertura de las ofertas económicas confirmó que el consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento, Transclor y el vehículo financiero PHX AQUA AR B.V. se quedó con el 90% de las acciones tras ofertar US$ 340,2 millones, superando la propuesta de US$ 285 millones presentada por Roggio ROAS S.A.U. (asociado a la estatal israelí Mekorot y la japonesa Marubeni).

Aunque la cifra se ubicó holgadamente por debajo de los US$ 450 millones que calculaba recaudar originalmente el Palacio de Hacienda, el Palacio convalidó la venta debido a que los pliegos oficiales fueron redactados insólitamente «sin base ni precio mínimo».

Mapeo de ganadores: de proveedores y contratistas a dueños del monopolio

El traspaso de la compañía que abastece de agua potable y cloacas a más de 14 millones de personas en la Capital Federal y el conurbano bonaerense deja en evidencia un cruce de intereses corporativos:

1. Mauricio Filiberti y el monopolio del cloro

Conocido en el ambiente corporativo como el “Rey del Cloro”, Filiberti es el dueño de Transclor, la firma que desde 2009 mantiene el monopolio absoluto del suministro de policloruro de aluminio a AySA para la potabilización del agua. Con esta adjudicación, el empresario pasa a controlar de manera directa la propia empresa estatal a la que le vende sus insumos químicos, cerrando una integración vertical perfecta.

2. El cruce con Edenor: sentados de los dos lados del mostrador

Filiberti es además socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en el control de Edenor, la mayor distribuidora eléctrica de la Argentina. Un dato clave revela el volumen del negocio: AySA es el mayor consumidor individual de energía eléctrica de todo el AMBA y, por lo tanto, el cliente número uno de Edenor. Con esta transacción, el mismo grupo económico pasa a controlar simultáneamente a la distribuidora de luz y a su cliente más deficitario y consumidor, facturándose a sí mismo millones de dólares en energía eléctrica.

3. Walter Román (Rowing): de contratista histórico a concesionario

El consorcio está encabezado por la firma de ingeniería Rowing, propiedad de Walter Román. Con más de 30 años en el rubro y 3.000 empleados, la empresa era hasta hoy una de las principales contratistas privadas de obras y mantenimiento de la propia AySA, dando el salto directo de contratista del Estado a dueña de la concesión.

4. José Luis Lingeri y el pacto con el sindicato

El 10% restante del paquete accionario de la compañía no salió a la venta y continuará bajo el Programa de Propiedad Participada (PPP), gestionado de manera directa por el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), liderado históricamente por José Luis Lingeri. El entendimiento sindical garantizó la paz social durante el proceso de privatización.

Los operadores técnicos y el financiamiento offshore

Para cumplir con las exigencias del pliego, el grupo local incorporó como operador técnico a la firma brasileña Arcos Saneamento e Participações (del Grupo Equipav), que gestiona servicios sanitarios para 39 millones de personas en más de 890 municipios de Brasil. La pata financiera internacional se articuló a través de PHX AQUA AR B.V., una estructura de inversión radicada en Europa.

Un contrato a 30 años con metas de inversión bajo la lupa

El pliego otorga al consorcio la operación de AySA hasta el año 2056, con opción de prórroga por 10 años adicionales. A cambio, la empresa privada asume el compromiso de desembolsar US$ 1.940 millones en el primer quinquenio y un total de US$ 15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión.

Sin embargo, los números de expansión del servicio resultan notablemente modestos para la magnitud del contrato: en la primera década de gestión privada, la meta fija que la cobertura de agua potable suba apenas del 75,3% al 78,9%, mientras que la red de cloacas avanzará del 63,9% al 65,3%.

Exactamente dos décadas después de que el Estado nacional rescindiera el contrato con el grupo francés Suez en 2006, la distribución de agua en el área metropolitana vuelve al sector privado. Esta vez, bajo la órbita de un conglomerado de contratistas locales y zares de la energía que heredan un monopolio natural garantizado por los próximos 30 años.