Frenan la privatización de Chapadmalal: el Senado bonaerense aprobó exigir a la Nación la devolución del complejo

Con impulso de la senadora Fernanda Raverta y el respaldo del gobernador Axel Kicillof, la Provincia facultó a la Fiscalía de Estado para reclamar el predio emblemático del turismo social.

El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto clave que busca frenar de forma definitiva la privatización del Complejo Turístico de Chapadmalal por parte del Gobierno nacional. La iniciativa, impulsada por la senadora provincial Fernanda Raverta y respaldada de manera explícita por el gobernador Axel Kicillof junto a los bloques del oficialismo bonaerense, abre un nuevo capítulo en la disputa institucional por la administración de los activos históricos de la costa atlántica.

El mecanismo judicial y el alcance de la medida

La sanción aprobada en la Cámara Alta provincial establece acciones legales directas para frenar cualquier intento de venta o concesión privada de la infraestructura turística estatal:

• Intervención de la Fiscalía de Estado: La norma aprobada exige e instruye formalmente a la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires para tramitar ante la Nación la devolución inmediata del predio que actualmente permanece bajo dominio federal.
• Bloqueo al plan privatizador: La estrategia judicial apunta a neutralizar las intenciones de la Casa Rosada de liquidar o transferir al sector privado la gestión del emblemático polo hotelero.
• Consenso legislativo: El oficialismo logró articular los votos en el Senado para transformar el proyecto en una demanda de Estado en defensa del patrimonio bonaerense.

Patrimonio histórico y simbolismo del turismo social

El complejo de Chapadmalal, diseñado e inaugurado a mediados del siglo XX, constituye una pieza emblemática en la historia de las políticas públicas de integración social en la Argentina.

«La infraestructura fue concebida con el propósito histórico de garantizar que niños, niñas y familias de todos los puntos del país puedan acceder de forma gratuita al mar, constituyendo un activo social que la provincia busca preservar ante las pretensiones de enajenación».

Con la activación de la vía judicial mediante la Fiscalía de Estado, el gobierno provincial profundiza la tensión política con la administración nacional, judicializando la custodia de un predio estratégico para la identidad y el turismo social del país.